Establecen discriminación salarial como tipo de violencia hacia las mujeres

  • Se estima que en México las mujeres ganan el 74 por ciento del salario que gana un hombre

Diputados federales aprobaron el día de ayer establecer como tipo de violencia económica la discriminación salarial, con lo que pretenden terminar con la desigualdad entre mujeres y hombres en este aspecto.

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó ayer con 423 votos a favor y una abstención en lo general, y en lo particular con 376 votos a favor y 34 en contra, las reformas a los artículos, 10, 11 y 14 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, cambios que fueron enviados al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

El documento presentado indica que en los últimos 30 años se ha triplicado en México la participación de las mujeres en el mundo laboral formal, sin embargo, los sueldos de ellas se mantienen inferiores con respecto al de los hombres.

De acuerdo a cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), hasta el 2015, para un mismo puesto el salario era más bajo en un 15 por ciento respecto de los hombres.

Este organismo resalta que a los dos años de haber ingresado a un trabajo, 57 por ciento de los hombres ya renegoció su salario; en contraste, en el mismo periodo, sólo 7 por ciento de las mujeres renegocian su ingreso salarial.

En tanto, se sostiene que las mujeres ocupan en México 20 por ciento de puestos de alta gerencia, sólo 5 por ciento de las direcciones generales y menos de 1 por ciento de los consejos de administración.

Al fundamentar, la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), explicó que con la adecuación a este ordenamiento se busca configurar como tipo de violencia toda acción y omisión que afecta el desarrollo económico de las mujeres y que se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso económico, así como la percepción de un salario menor por trabajo igual, en el mismo centro laboral. Además, plantea diseñar programas que promuevan la paridad salarial.

Afirmó que con estas modificaciones no sólo se fortalece lo citado en el artículo 86 de la Ley Federal del Trabajo en relación a la igualdad salarial, sino lo establecido como derecho constitucional, estipulado en el artículo 123. Se prevé dejar de manifiesto que para el desempeño de un trabajo, las mujeres tendrán las mismas condiciones respecto de los hombres, tanto en el ámbito público como el privado.

“El origen o lo sustantivo de este decreto es configurar como una violencia económica cuando los patrones, por el mismo trabajo y el mismo desempeño, paguen menor cantidad el trabajo de las mujeres respecto de los varones”.

En la discusión del dictamen, la diputada Cynthia Gissel García Soberanes (PES), indicó que las mexicanas cada vez tienen una mayor importancia en la generación de riqueza dentro de las familias. Según la Comisión Económica para América Latina, durante la década de los ochentas aportaban el 20 por ciento de los ingresos totales de sus hogares y para el 2014 su participación se incrementó hasta llegar al 28.3 por ciento.

Sin embargo, continuó, las mujeres se enfrentan a la desigualdad salarial o también conocida como la diferencia salarial de género; se estima en el país las mujeres ganan el 74 por ciento del salario que gana un hombre aun cuando ambos tuvieren los mismos años de estudio. De este modo, consideramos, la diferencia salarial de género impacta directamente en que la pobreza en México tenga rastro femenino; por ello, es urgente realizar estas modificaciones normativas.

En representación de Nueva Alianza, la legisladora Angélica Reyes Ávila manifestó que la reforma es fundamental, pues de acuerdo con cifras de la ONU, a nivel mundial las mujeres sólo ganan 77 centavos por cada dólar que ganan los hombres por un trabajo de igual valor que; de continuar el ritmo actual, la brecha salarial tardará 70 años en cerrar.

“En el país el 77 por ciento de las mujeres que trabajan son subordinadas y remuneradas, y de ellas el 38 por ciento no cuenta con acceso a servicios de salud como prestación laboral. Un 42 por ciento trabaja sin tener un contrato escrito y 34 por ciento no cuenta con prestaciones laborales. Además, solo 1 de cada 2 trabajadoras subordinadas goza de vacaciones pagadas; 6 de cada 10 recibe aguinaldo y apenas 17 de cada 100 cuentan con reparto de utilidades.

La diputada Verónica Delgadillo García, de Movimiento Ciudadano dijo que “hoy sólo cuatro de cada 10 empleos formales son ocupados por una mujer, mientras que siete de cada 10 hombres pueden accederlo. Es decir, la fuerza laboral activa excluye al género femenino y a este paso el país necesitará de 110 años para alcanzar la igualdad salarial”.

La diputada perredista, Karen Orney Ramírez Peralta, dijo que la autonomía de las mujeres es un factor fundamental para garantizar el ejercicio de sus derechos humanos en un contexto pleno de igualdad. “Esa autonomía no se entendería sin la capacidad de generar ingresos y recursos propios, el control sobre nuestro cuerpo y la plena participación en la toma de decisiones que afecten su vida y su colectividad”.

En lo particular, se aprobó la modificación al artículo 10, propuesta por el diputado José Refugio Sandoval Rodríguez (PVEM) para agregar la palabra salario en este precepto.

El artículo establece como violencia Laboral y Docente toda aquella acción que ejerzan las personas que tienen un vínculo laboral, docente o análogo con la víctima, independientemente de la relación jerárquica, consistente en un acto o una omisión en abuso de poder que daña la autoestima, salud, integridad, libertad, el salario y seguridad e impida su desarrollo y atente contra la igualdad.

Share Button

You may also like...

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *