Ataques sufridos a periodistas en México, problema de Estado

  • Las ideas pueden generar discrepancias, pero no es con censura y represión como se resolverán, añade; pide castigo a responsables de asesinar periodistas

Redacción

Los frecuentes ataques que han sufridos los periodistas en México, donde muchos han perdido la vida, son “un problema de Estado y de sensibilidad social, que reclama nuestra atención y solución inmediata”, afirmó la diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, presidenta de la Cámara de Diputados.

Al inaugurar ayer el foro “La libertad de expresión en México”, organizado por la Comisión Especial de seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación, de la Cámara de Diputados, la legisladora indicó que la libertad de expresión es una condición imprescindible para asegurar condiciones que permitan avanzar en la construcción de una democracia plural y participativa, dando cauce a las múltiples ideas y convicciones que converge en nuestro país y en el entorno internacional.

Por su parte, la presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, diputada Brenda Velázquez Valdez (PAN), señaló que este foro se da en un “contexto lamentable, pues en los últimos cien días hemos sido testigos de cinco homicidios y numerosas agresiones a periodistas en nuestro país”.

El diputado Marko Cortés Mendoza, coordinador del grupo parlamentario del PAN, indicó que es indispensable garantizar la libertad de expresión ante la inseguridad, los delincuentes. El Estado, apuntó, “no ha tenido capacidad de hacerlo”.

Añadió que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial deben responder y hacer un frente común, para poner un alto a la violencia, la inseguridad y las amenazas que no garantizan la libertad de expresión y “atentan contra lo más preciado que es la vida, contra los más queridos —que son nuestros familiares—, y no respetan más que la ley de la selva”.

A su vez, el diputado Virgilio Caballero Pedraza, de Morena, reveló que en 10 años se ha registrado el asesinato de 120 periodistas y la desaparición de 20. “Son cifras aterradoras”, pues implican la violación del derecho a la vida, y además, “a lo que se supone que es el fundamento de un régimen democrático: el derecho a expresarse y a saber”.

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez indicó que se requiere construir una política de Estado que proteja mejor a los comunicadores, así como voluntad política de los gobiernos federal y estatal para abatir y combatir la impunidad; si no logramos erradicar ese vicio que genera se sigan cometiendo laceraciones a la libertad de expresión y, sobre todo agresiones a los periodistas, de nada serviría tener los recursos y brindar medidas de protección.

Durante la inauguración del Foro, Murguía Gutiérrez señaló que del año 2000 a la fecha, se han documentado 103 homicidios de periodistas, que han privilegiado su labor, incluso a costa de su propia integridad. Evocó a Miroslava Breach, del periódico El Norte de Chihuahua; Adrián Rodríguez, Antena Radio 7690, de Chihuahua; Gerardo Nieto, Nuevo Siglo, de Guanajuato; Gregorio Jiménez, Notisur, Veracruz; Regina Martínez, Proceso, Veracruz, y desafortunadamente muchos otros, subrayó.

La presidenta de la Cámara de Diputados dijo que “es necesario levantar la voz y la conciencia para exigir castigo a los responsables. Destacó la relevancia de “contar con un marco jurídico que garantice nuestro derecho a expresar lo que pensamos, creemos y sentimos”.

Ante los asistentes puntualizó que “basta de impunidad. Basta de simulaciones. Basta de complacencias, porque una sociedad sin periodistas comprometidos con la verdad, podría estar en riesgo de quedarse sin historia”, sostuvo.

Sin duda, agregó la legisladora, la manifestación y divulgación de ideas pueden generar discrepancias y malestares; sin embargo, “no es a través de la censura y la represión como pueden resolverse las diferencias. Por el contrario, será siempre mediante el diálogo y la confrontación de ideas, como lograremos alcanzar beneficios y acuerdos para todos”.

Refirió que la Constitución, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, consagran el derecho a manifestarse libremente y sin censura gubernamental, el derecho de réplica, el derecho a la información y el derecho a la difusión de opiniones, información e ideas.

La libertad de expresión, ahondó, en nuestro país ha sido producto de muchos años de lucha, por eso vale la pena reconocer a todos los comunicadores que le han apostado, arriesgando incluso su propia seguridad y su propia vida, a su ejercicio pleno y responsable.

En su oportunidad, la presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, diputada Velázquez Valdez indicó que se han implementado recomendaciones de organismos internacionales como la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se han creado leyes, mecanismos, unidades administrativas, Fiscalías especializadas, comisiones legislativas “y el problema no sólo no se ha solucionado, sino que parece empeorar”.

Puntualizó que el actual sexenio, que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto, ha sido identificado como el más violento contra la libertad de expresión.

“Está claro que las medidas adoptadas han sido ineficaces. Por un lado, el mecanismo de protección a periodistas no cuenta con los fondos necesarios para continuar con las medidas (de salvaguardia) otorgadas este año (a comunicadores)”, por lo que exhortó a canalizarle recursos y en el siguiente año se consideren en la propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejecutivo.

Por otro lado, continuó, se tiene un ambiente de impunidad que genera que el 99.7 por ciento de las agresiones quede sin castigo.

Ante este panorama, el foro convocó a las fuerzas políticas del Congreso, al gobierno de la República, órganos autónomos, periodistas, organizaciones de la sociedad civil, académicos y expertos en la materia, para dialogar y debatir ideas y propuestas para construir, juntos, una solución a este grave problema.

Por su parte, el coordinador de los diputados panistas, Marko Cortés Mendoza, afirmó que el país enfrenta una amenaza “peor que la del propio gobierno que reprime, que controla y que prohíbe hablar o decir: la amenaza de la violencia y de la delincuencia organizada”, y ese es uno de los grandes retos.

Reiteró la preocupación del Congreso de la Unión por esta situación, su disposición a legislar lo necesario, nutrir el debate con exposiciones y “decirle al gobierno mexicano que necesitamos tomar cartas en el asunto y garantizar en los hechos –no en la letra—la libertad de expresión”.

El diputado Virgilio Caballero Pedraza, de Morena, integrante de la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, afirmó que la impunidad con que se cometen esos crímenes alienta su continuación, “y es lo que estamos viviendo en México”.

Actualmente, continuó, el país enfrenta un problema gravísimo de violación de los derechos humanos, pues desde los diferentes niveles de gobierno se prohíbe la libertad de expresión y el derecho a la información; además, el asesinato de periodistas es mucho más grave, porque va contra el fundamento de una sociedad democrática.

“Hace años que se ha venido construyendo un régimen autoritario que tiene su feroz expresión en el acallamiento del periodismo y de la comunicación”, señaló.

Caballero Pedraza hizo un llamado a los legisladores a defender el derecho a saber, a conocer y recibir información, pero la desaparición de medios de comunicación, donde colaboraban los periodistas ahora fallecidos, “es la prueba de que de lo que se trata es de desaparecer la posibilidad de informar; vamos hacia un régimen autoritario y hacia eso quiero pedirles que orientemos nuestro pensamiento”, enfatizó.

Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), aseveró que mientras continúen ocurriendo homicidios y desapariciones de periodistas, así como atentados a los medios de comunicación, como sucede en diversas regiones del país, México no podrá transitar y consolidarse como una democracia robusta.

En tanto persista esa situación, enfatizó, “existirán zonas de silencio y miedo, como consecuencia de la impunidad; ante la falta de una protección real y efectiva a sus tareas, los propios periodistas preferirán sesgar o censurar sus investigaciones y noticias, para no exponerse a mayores riesgos al divulgar y publicarlas”.

Es un reto para las distintas autoridades, que tienen la obligación de proteger y generar condiciones propicias para el ejercicio de la actividad periodística, entre los cuales se encuentra, la salvaguarda de la vida e integridad física de periodistas y comunicadores, precisó.

“Vuelvo a exhortar a las autoridades de los tres niveles de gobierno a que atiendan las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como la número 24, que establece elementos para la construcción de esa política de Estado, para generar las condiciones que permitan que los comunicadores ejerzan su labor profesional exenta de amenazas o afectaciones a su integridad”.

Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, apuntó que “la Cámara de Diputados tienen un rol fundamental para generar las condiciones adecuadas para el ejercicio de la libertad de expresión en México”.

La instó a trabajar coordinadamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para reasignar recursos al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a fin de que brinde medidas de protección durante 2017 y 2018.

Destacó el deber y obligación del Estado para proteger a los comunicadores y definición de quién es periodista. “La creación de la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), de la Procuraduría General de la República, no ha revertido la realidad para que sean castigados estos delitos.

“No hay mejor medida de protección para la libertad de expresión que una investigación pronta, imparcial y efectiva de todo tipo de agresiones”, en la medida en que procuradurías federales como locales no lo hagan, seguiremos siendo testigos de estos delitos, y todas las medidas que puedan adoptarse serán meros paliativos”, aseguró.

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