Reconoce la Feadle que gremio periodístico enfrenta “grandes riesgos” en su labor

 

  • Desde su creación tiene conocimiento de 121 homicidios a periodistas; 31 fueron entre 2000 y 2006; 61 del 2007 al 2012, y 29 de 2013 a la fecha

Redacción

El titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, reconoció ante diputados federales que el gremio periodístico enfrenta “una compleja situación y grandes riesgos en su labor”.

Durante el encuentro con legisladores de la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, Sánchez Pérez del Pozo informó que desde la creación de la Feadle al 31 de mayo de 2017, se tiene conocimiento de 121 homicidios a periodistas, de los cuales 31 se presentaron del 2000 al 2006; 61, de 2007 al 2012, y 29 de 2013 a la fecha.

Ante legisladores, la titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Patricia Colchero Aragonés, y representantes de organizaciones de periodistas, destacó que mientras en 2014 y 2015 se dieron sólo dos y un homicidio, respectivamente, en el periodo de 2016 a 2017, ocurrieron 17 asesinatos.

El funcionario indicó que la mayor cantidad de denuncias que recibe la fiscalía son por amenazas y abuso de autoridad, y que las entidades con mayor incidencia contra periodistas son Veracruz, Chihuahua, Tamaulipas y Guerrero.

Dijo que la fiscalía a su cargo “tiene la absoluta claridad de que la impunidad de los delitos que se cometen contra la prensa es un reto que deben asumir con responsabilidad y compromiso, a fin de dar resultados. Mientras exista impunidad, las medidas de prevención y protección para los periodistas no serán suficientes para evitar actos de esta naturaleza”, afirmó.

Respecto a los avances de las investigaciones de nueve periodistas asesinados de diciembre de 2016 a la fecha, comentó que la fiscalía trabaja de manera coordinada con las entidades federativas y las fiscalías para aclarar cada uno de los casos.

En cuanto a las recompensas que anunció la PGR en relación con los homicidios de periodistas, declaró que no significa que la Procuraduría destine más en ellas, simplemente es una herramienta con la que cuenta para generar información que ayude a resolver las investigaciones.

“La verdad no se calla agrediendo a periodistas y las agresiones a personas que ejercen la labor y el libre ejercicio de la libertad de expresión afrenta a toda la sociedad”, agregó.

En cuanto a la difusión del espionaje a periodistas mexicanos, Sánchez Pérez del Pozo dijo que desde ayer se abrió una carpeta de investigación sobre el tema, con las notas periodísticas y posteriormente se anexo una denuncia por un grupo de personas.

Por su parte, la presidenta de la de la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, Brenda Velázquez Valdez, solicitó conocer los avances de las investigaciones sobre los nueve periodistas asesinados de diciembre de 2016 a la fecha, y de Salvador Adame, secuestrado en Michoacán el pasado 18 de mayo.

Asimismo, pidió a la funcionaria de la Segob, Colchero Aragonés, información sobre los trámites que deben reunir los comunicadores para ingresar al mecanismo de protección implementado por dicha instancia, y el porcentaje de las solicitudes rechazadas.

Respecto a las declaraciones del subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Roberto Campa Cifrián, la legisladora del PAN reiteró que “tienden a minimizar el grave problema de censura y violencia contra la libertad de expresión en México al convertir la tragedia en estadística”.

Velázquez Valdez lamentó que el funcionario no respondiera la solicitud de convocatoria a reunirse con los integrantes de esta instancia legislativa.

“Queremos que nos explique porqué sí cuenta con presupuesto para espiar a periodistas y no para el mecanismo de protección, y aclare las actividades de espionaje que realizó la Segob a reporteros”, acotó.

Al respecto, el diputado Virgilio Caballero, del partido Morena, se refirió también a la información en torno a la aplicación, por parte del gobierno mexicano, de un software llamado Pegasus, de una agencia israelí con el argumento de ser usado contra el crimen y el terrorismo, sin embargo, fue aplicado a periodistas y comunicadores, por lo que pidió una explicación.

La diputada Candelaria Ochoa Avalos, del partido Movimiento Ciudadano (MC) exigió respuestas ante los casos de espionaje a periodistas y defensores de derechos humanos, los cuales dijo, son acciones que violentan la privacidad y dan muestra de la incapacidad que tiene el gobierno para fortalecer la gobernanza y combatir la corrupción.

La diputada Lia Limón García, del PVEM, llamó a las entidades a participar con mayor seriedad y crear unidades que atiendan medidas de protección a periodistas, a fin generar un atlas de riego y diseñar estrategias específicas.

Al tomar la palabra, la titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Segob, Patricia Colchero Aragonés, consideró necesario que el mecanismo de protección a periodistas, implementado por esta instancia, cuente con suficientes recursos para el 2018, ya que cada vez se incorporan más personas.

Informó que de cuatro años a la fecha, se rechaza alrededor del 15 por ciento de las solicitudes para recibir estas medidas de protección, debido a que no cubren alguno de los requisitos; sin embargo, en este último año, de 66 peticiones de incorporación, sólo se objetaron dos.

Ana Cristina Roldán Ruelas, directora de Artículo 19 para México y Centroamérica, señaló que la situación en la que se encuentra el periodismo en México es preocupante, no solo por el nivel de violencia que enfrenta sino por la falta de reconocimiento del Estado a este problema.

Indicó que las recientes declaraciones del subsecretario Roberto Campa demuestran que “no se ve el nivel del problema”. Dijo que en los primeros cuatro años del gobierno de Felipe Calderón Artículo 19 documentó 717 agresiones y 33 asesinatos de periodistas, mientras que en los primeros cuatro años de Enrique Peña se han registrado mil 499 agresiones y 27 asesinatos.

Consideró que la fiscalía especial para atender los delitos de agresión a la libertad de expresión no hará lo que necesita mientras no haya autonomía de la Procuraduría General de la República. En este sentido, dijo, se necesita la reforma inmediata del artículo 102 constitucional, además de una ley para la fiscalía que contemple la participación de la sociedad.

Fernando Mora Guillén, presidente de la Fundación Fernando Mora Gómez, coincidió con la necesidad brindar autonomía a la Feadle. Agregó que perdió su objetivo desde el momento en el que se alejó de los periodistas, cuyas agresiones a los comunicadores es un problema de hace 20 años.

Lamentó que solo en ocho estados del país existan protocolos de atención en esta materia y pugnó por encontrar un marco legal de vanguardia para el ejercicio periodístico en México.

Rosalía Buaún Sánchez, presidenta de la Asociación Nacional de Locutores de México, indicó que “este año nos han matado a varios y no es posible que exista una Fiscalía que no tiene presupuesto para poder apoyar al gremio y que la profesión no sea respetada como tal y se hayan suspendido los certificados de locutores y que cualquier persona, sin ninguna ética, pueda ocupar un micrófono; por eso estamos inmersos en esta situación”, sostuvo.

Antes de finalizar indicó que “la libertad de expresión en México no existe, aparentemente la tenemos, pero si decimos algo que incomode a alguien ahí están las consecuencias”.

María Teresa Mora Guillén, de la Academia Mexicana de Comunicadores y Periodistas, se pronunció para que haya corresponsales en los estados que den cuenta de las agresiones y asesinatos de los representantes de la prensa.

Celeste Saenz de Miera, secretaria general del Club de Periodistas de México, consideró fundamental que se modifique el artículo 73, fracción 20, en su parte segunda. Planteó la creación de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar las Agresiones contra Periodistas, así como la obligación del Estado para diseñar políticas para prevenir, combatir y erradicar la violencia contra los profesionales de la comunicación.

Balbina Flores Martínez, representante en México de Reporteros sin Frontera, propuso que el secretario de Gobernación y el titular de la PGR comparezcan ante esta Comisión Especial, “porque son ellos quienes toman decisiones”. En la medida en que no se eleve el costo de quienes deben rendir cuentas en el Congreso de la Unión tampoco habrá una responsabilidad.

El titular de la Feadle, Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, reiteró que el mayor reto de la fiscalía es abrir, transparentar su labor y abatir la impunidad, y se comprometió a no tratar a los periodistas como números y estadísticas, sino enfocar su labor en el respeto y la protección de los derechos humanos.

Reconoció que hay “un repunte en la violencia hacia los periodistas en los dos últimos años”, pero aseguró que los homicidios no son lo único a lo que se enfrentan los comunicadores, pues también existe un gran número de agresiones, amenazas y señalamientos por abuso de autoridad.

Informó que su plan de trabajo consiste en desarrollar dos protocolos. Uno, enfocado en la atención de las víctimas y otro que genere acciones para la investigación. “Lo que se pretende es que cuando se cometa un delito contra periodistas se realice una línea inicial de la violación a la libertad de expresión y labor periodística”.

Enfatizó que se capacita a los ministerios públicos, la policía ministerial y peritos para que posean un conocimiento especializado y logren atender la situación preocupante y de alto riesgo que padece el gremio periodístico.

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