Colaborará el FBI con la PGR para investigar espionaje a periodistas

  • Así lo señaló el titular de FEADLE, Ricardo Sánchez Pérez del Pozo

Redacción

La Procuraduría General de la República (PGR) informó pondrá en marcha un plan de investigación Ministerial sobre el presunto espionaje telefónico a periodistas mexicanos, el cual contará con la participación de varias dependencias, entre ellas la colaboración del Buró Federal de Investigaciones (FBI), de los Estados Unidos.

El fiscal Especial Para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión (FEADLE) de la PGR, Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, dio a conocer ayer que la importancia que representa para la Procuraduría, el que equipos de telefonía de periodistas y defensores de derechos humanos hubieran sido intervenidos —en sus comunicaciones privadas, así como accesados de manera ilícita a sistemas y equipos de informática— ha hecho que se desarrolle un plan Ministerial.

A través de un comunicado de prensa, que agrupa siete puntos, se indica que el caso de una presunta intervención ilegal de comunicaciones a personalidades públicas ha ocurrido recientemente en otros países, por lo que están actuando dada esa experiencia internacional.

Por ello, la PGR organizó un grupo de apoyo técnico que estará conformado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), organismo especializado en telecomunicaciones de la Organización de Naciones Unidas (ONU); la Asociación Mundial de Operadores Móviles (GSMA), con sede en Londres, Reino Unido; la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional (IPN); el expresidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, Héctor Osuna Jaime, y pedirán al Buro Federal de Investigaciones (FBI) de los Estados Unidos su colaboración.

Además, señaló Sánchez Pérez del Pozo, el Ministerio de Justicia canadiense colaborará, vía asistencia jurídica internacional, con las entrevistas al “Citizen Lab” de la Universidad de Toronto.

Asimismo, se declarará a todas las empresas que han vendido equipos que posibilitan la intervención de comunicaciones en México, con las capacidades que han señalado las y los periodistas y defensores de derechos humanos, “a efecto de conocer a detalle a qué gobiernos estatales han entregado este tipo de equipos y, si en su caso, algunos de estos equipos hubieran llegado a entidades distintas a dependencias públicas. De igual manera, se revisará la operación de este tipo de equipos en instancias federales”, indicó.

El punto cuatro menciona que con apoyo en el artículo 190, fracción II, de la Ley Federal de Telecomunicaciones, se solicitará a las empresas de telefonía celular los registros de llamadas de los celulares presuntamente infectados a efecto de detectar similitudes en los números que hubieran enviado el virus. La ley establece que estos registros se conserven durante dos años.

En el siguiente punto se expone que se ha ordenado a todas las dependencias federales y estatales de seguridad, que pudieran tener acceso a equipos y software para realizar intervención de comunicaciones, que resguarden toda la información relacionada a la contratación del equipo Pegasus u otros similares.

En el sexto punto se dice que todas las personas que han señalado de manera formal o mediáticamente que sus equipos móviles han sido intervenidos estarán siendo notificadas para que aporten su equipo físico a la investigación, a efecto de que se pueda realizar al mismo un análisis forense que incluirá la fijación telefónica, la fotografía de los mensajes sospechosos y la ubicación de, en su caso, el virus o malware.

Finalmente, en séptimo punto dice: “les informamos que todas las medidas cautelares solicitadas a esta institución por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ya han sido cumplidas, desde el 24 de junio, y se continuará trabajando estrechamente con esta Comisión”.

Para finalizar, la dependencia indica que los hechos vertidos en la prensa son serios y que la Procuraduría agotará las líneas de investigación a efecto de asegurar que las y los periodistas y defensores de derechos humanos en México puedan ejercer su profesión de manera libre y con todas las garantías que la Ley les otorga. “La investigación está en curso”, concluye el comunicado.

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