Empresas deben responder por Paso Exprés: Ruiz Esparza

  • Ante legisladores indicó que “si hay una gente que se vincule con la responsabilidad del Paso Exprés, es su servidor”

Mario García Sordo

Gerardo Ruíz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transporte (SCT), indicó que las empresas involucradas en la construcción del Paso Exprés, donde se formó un socavón y fallecieron dos personas, deben asumir su responsabilidad, y que a raíz de este suceso se ordenó revisar las instalaciones hidráulicas de la red de carreteras federales.

En cuanto a su responsabilidad, el funcionario puntualizó: “Yo asumí la responsabilidad”, e indicó que “si hay una gente que se vincule con la responsabilidad del Paso Exprés, es su servidor”. Añadió que su responsabilidad es ayudar a que las autoridades correspondientes finquen responsabilidades y que no haya impunidad.

Ante a legisladores de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, reiteró que la SCT no ha repartido culpas ni ha señalado responsabilidades, y ha sido el dictamen de los peritos independientes como instancias externas los que han emitido opinión y señalado posibles responsabilidades en diferentes actores de los causas que provocaron el hundimiento del Paso Exprés.

El funcionario dijo que su principal responsabilidad es hacer que las empresas involucradas asuman su responsabilidad y respondan por ella, “llegar hasta las últimas consecuencias y que no haya impunidad”.

Al responder los cuestionamientos de los legisladores, el secretario Ruiz Esparza dijo desconocer que si hay alguna investigación sobre la empresa Aldesa en España o en el mundo; empresa que participó en la asignación con legalidad, ya que estaba habilitada.

Sobre el costo por kilómetro (que se dijo fue de 150 millones de pesos, cifra superior a los 10 millones de pesos que debió costar) el funcionario detalló que en total fue de mil 796 millones de pesos, mismo que se está auditando, y por cada kilómetro, de diez carriles en concreto hidráulico, fue de 15.3 millones de pesos; “va en sintonía al costo de otras obras”.

Además, señaló que esperan que en dos meses se resuelvan las observaciones para cerrar el contrato con el consorcio, porque si existe alguna afectación patrimonial, se le reducirá el pago a la empresa.

Explicó que a Aldesa le han asignado 28 contratos —13 en la administración pasada por 7 mil 866 millones de pesos, y 15 en ésta por 2 mil 881 millones de pesos— y a Epccor se le han suscrito cuatro contratos, de 2013 a la fecha, por 906 millones de pesos.

Ruíz Esparza mencionó que la SCT le ofreció apoyo a la familia de las víctimas, pero no les habló de alguna indemnización; “hay un criterio legal de montos, al que la familia tiene derecho; y tendrán, en un momento dado, los responsables que hacerles frente”.

En cuanto a la designación de los delegados de la secretaría en las entidades, dijo que se toma en cuenta la opinión de los gobernadores para que la SCT tome una decisión; y el delegado en Morelos fue removido porque no informó correctamente la situación del Paso Exprés.

El secretario Ruiz Esparza destacó que la dependencia ha transparentado todos los programas, dos mil 636 expedientes reservados a la información pública, ya son públicos. Señaló que se ha pedido a la OCDE asesoría en materia de transparencia, así como a la Cámara Mexicana de la Industria de la construcción, testigos sociales y de notarios públicos  que certifican las propuestas que se presentan en cada licitación.

En cuanto al recorte presupuestal, el funcionario federal dijo que no se ha quedado de brazos cruzados. Resaltó el apoyo del Secretario de Hacienda y Crédito Público y destacó que se gestionó con los actores privados en aeropuertos, puertos, autopistas para que no se perdiera la inversión y para que el programa de la Secretaría siguiera cumpliéndose; 80 por ciento del programa de la dependencia se logró por la inversión de recursos privados.

En cuanto a los oficios que envió el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, donde alerta cambiar un tubo de drenaje que pasa por abajo del Paso Exprés donde se abrió el socavón, Ruiz Esparza dijo que fueron dos los oficios, para darle nombre a la vialidad, sin hacer referencia a otra situación.

Expuso que hubo una alerta del municipio de Cuernavaca sobre la capacidad del tubo, la cual se dictaminó en su momento, así como otras alertas de vecinos para más salidas y señalización en el Paso Exprés.

Se pudo haber prevenido, sí, aseguró; las filtraciones de agua señalaban un problema, que de haber existido una alerta por parte de la empresa y de la gente del estado, pudo haberse atendido.

Aclaró que la Secretaría de la Función Pública (SFP), y no la SCT, es la que está valorando las responsabilidades de los servidores públicos federales y locales involucrados, de las empresas participantes y de cualquier tercero que haya intervenido en la obra.

Dijo en que giró instrucciones para reforzar la normatividad técnica en la construcción de carreteras, renovar los procedimientos, las tecnologías e incluso la aplicación de materiales más resistentes, e impulsar mejores mecanismos de trabajo interinstitucional con entidades como Protección Civil y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Añadió que todas las direcciones generales de los centros SCT tienen indicaciones de revisar, junto con las delegaciones de Conagua y Protección Civil, las instalaciones hidráulicas de la red de carretas federales. Esperan tener un informe público una vez que concluyan, dijo.

Al emitir una posición de la Tercera Comisión, el senador Ernesto Cordero Arroyo, dijo que ejercicios como este son un buen ejemplo de transparencia y rendición de cuentas que deberían hacerse de manera permanente en el Congreso de la Unión.

El presidente de la Comisión señaló que en el caso del socavón de Cuernavaca, sin duda,  hubo omisiones y errores en la construcción de la obra y de protección civil que se deslindarán en su momento con la culminación de las investigaciones.

Destacó que si las comisiones de Comunicaciones y Transportes de las cámaras de Diputados y de Senadores se dedicaran dar un seguimiento de la aplicación del gasto público y no en cómo repartir el presupuesto en los caminos y carreteras de nuestros pueblos y municipios, podrían coadyuvar más a evitar errores y omisiones en obras públicas como lo sucedido en el camino Exprés de Cuernavaca.

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