Aprueban diputados dictamen que expide Ley de Seguridad Interior

  • Regula participación de las Fuerzas Federales y Armadas en tareas de defensa y preservación de la paz: Guillén Vicente

David M. Arias

La Cámara de Diputados aprobó el día de ayer en lo general y en lo particular el dictamen que expide la Ley de Seguridad Interior, mismo que envió al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

Los legisladores aprobaron en lo general, con 248 votos a favor, 115 en contra y 48 abstenciones, dicho dictamen cuya finalidad es regular la función del Estado para preservarla, así como establecer las bases, procedimientos y modalidades de coordinación entre los Poderes de la Unión, las entidades federativas y los municipios, con el fin de aplicarla.

En la fundamentación, la presidenta de la Comisión de Gobernación, diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente (PRI), señaló que hoy se regula la participación de las Fuerzas Federales y las Armadas en las tareas de defensa y preservación de la seguridad y la paz al interior del territorio nacional.

Dijo que este nuevo ordenamiento es complementario a la Ley de Seguridad Nacional, ya que regula los supuestos en los que las amenazas a la seguridad nacional tienen su origen dentro del país, “mediante el establecimiento de protocolos claros y expeditos”.

Ese es el motivo de fondo para legislar la seguridad interior en un instrumento distinto a la Ley de Seguridad Nacional, ya que no solo se trata de erradicar las amenazas, sino de hacerlo respetando los derechos humanos y las garantías consagradas en la Constitución. La aplicación de esta ley corresponde a las fuerzas estatales, federales y, cuando la gravedad de la situación lo amerite y como último recurso del Estado, a las Armadas”, añadió.

La diputada Mercedes del Carmen Guillén indicó que el incumplimiento a las obligaciones de esta ley será sancionado conforme a los sistemas de responsabilidades y anticorrupción, contemplados en los artículos 109 y 113 de la Constitución Política, para garantizar el equilibrio entre Poderes y la rendición de cuentas.

Al iniciar los posicionamientos, la diputada Norma Edith Martínez Guzmán (PES) relató que si el objetivo de la ley es dar certidumbre, se deben analizar conceptos y criterios como, por ejemplo, el tema de las manifestaciones sociales y políticas. “Creo que ese es un punto en el que tenemos que trabajar hoy en este lugar, para generar una legislación acorde a lo que los ciudadanos nos exigen. Si vamos a legislar tomemos la responsabilidad y hagamos este contrapeso que necesita México”.

De NA, la legisladora Mirna Isabel Saldívar Paz, mencionó que es vital plantear estrategias de seguridad que contribuyan a hacer frente a las amenazas que ponen en peligro la vida de la nación, lo que conduce a crear un marco jurídico que responda a las nuevas realidades y desafíos que enfrenta la población y las instituciones del Estado. Con esta ley, agregó, se garantiza que existen condiciones para que las Fuerzas Armadas puedan actuar dentro de un marco legal definido y limitado, sin que ello implique realizar tareas de seguridad pública.

José Clemente Castañeda Hoeflich, diputado de MC, expresó que este ordenamiento no sirve para regular la presencia de la Fuerzas Armadas en la calle, y va más allá, “deja un amplio margen de discrecionalidad para activar los protocolos de seguridad interior; genera una ausencia total de controles y contrapesos institucionales para el uso de poder; hay un esquema de opacidad absoluta y de falta de rendición de cuentas; provoca incentivos para que las entidades federativas caigan en la pasividad y no mejoren sus instituciones de seguridad y sus capacidades institucionales para atender el problema”.

Indicó que “nada se está haciendo para garantizar la plena autonomía del sistema de procuración de justicia y nada está haciendo para acabar con el ciclo de violaciones a los derechos humanos. Nada está haciendo para implementar soluciones duraderas que enfrenten la crisis de inseguridad y de violencia”.

Ernestina Godoy Ramos, diputada de Morena, consideró que avala la militarización del país y otorga autonomía a las Fuerzas Armadas en tareas que son materia de seguridad pública. “No podemos soslayar lo señalado por diversas organizaciones internacionales y nacionales, que refieren que esta norma va en contra de tratados internacionales.

Estimó que se legisla para la permanencia de las fuerzas castrenses y se otorgan facultades discrecionales al Ejecutivo, quien es responsable directo de las acciones que realiza el Ejército. “Esta ley es la repetición de errores de una guerra iniciada en el sexenio pasado y demuestra incapacidad para fortalecer a las corporaciones de nivel local”.

Por el PRD, el diputado Rafael Hernández Soriano dijo que el dictamen es un atentado a la Constitución y al marco normativo que nos rige; muestra de ellos, apuntó, es que tiene la oposición de alrededor de 250 organizaciones civiles. “Nosotros reconocemos la actuación de Ejército, pero el grupo mayoritario engaña al decir que con esta ley se les apoya”.

Avalar la ley no sólo no resolverá el grave problema de inseguridad que vive el país, sino que compromete el Estado de derecho y violenta el régimen federalista y su célula fundamental: el municipio libre. Además, sostuvo, no aporta nada nuevo, sino que revuelve conceptos con la Ley de Seguridad Nacional, y no establece mecanismos de control de quienes ejercen el mando hacia las instituciones militares.

El diputado del PAN, Jorge Triana Tena, afirmó que las Fuerzas Armadas no están preparadas para hacer labores policiales. El dictamen ha tenido poco tiempo de socialización y análisis, además hace oídos sordos a las recomendaciones de la ONU y otras organizaciones no gubernamentales.

La diputada Martha Tamayo Morales (PRI) refirió que la Ley de Seguridad Interior regula los supuestos de intervención de las autoridades que tienen que ver con el orden interior; se reglamenta la facultad del Presidente de la República, para cumplir con la Declaratoria de Protección de Seguridad Interior, la cual deberá ser fundamentada con circunstancias, modo y lugar para el actuar de las autoridades federales, incluidas las Fuerzas Armadas.

Puntos relevantes del dictamen

El dictamen establece que la Seguridad Interior es la condición que proporciona el Estado, permite salvaguardar la permanencia y continuidad de sus órdenes de gobierno e instituciones, y el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del orden constitucional, el Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional.

Comprende el conjunto de órganos, procedimientos y acciones destinados para dichos fines, respetando los derechos humanos en todo el territorio nacional, así como para prestar auxilio y protección a las entidades federativas y los municipios, frente a riesgos y amenazas que comprometan o afecten la seguridad nacional en los términos de la presente Ley.

En el ejercicio de las atribuciones de seguridad interior se observarán los principios previstos en el artículo 4 de la Ley de Seguridad Nacional y los de racionalidad, oportunidad, proporcionalidad, temporalidad, subsidiariedad y gradualidad, así como las obligaciones relativas al uso legítimo de la fuerza.

Las autoridades federales, incluyendo a las Fuerzas Armadas, en el ámbito de sus respectivas competencias, implementarán sin necesidad de Declaratoria de protección a la seguridad interior, políticas, programas y acciones para identificar, prevenir y atender oportunamente, según su naturaleza, los riesgos contemplados en la Agenda Nacional de Riesgos a la que se refiere el artículo 7 de la Ley de Seguridad Nacional.

Asimismo, el Consejo de Seguridad Nacional emitirá lineamientos para la participación de las entidades federativas en acciones de seguridad interior, atención eficaz de la Agenda Nacional de Riesgos y, en su caso, para el restablecimiento de la colaboración de las entidades federativas y municipios en las tareas de preservación de la Seguridad Nacional.

Los actos realizados por las autoridades con motivo de la aplicación de esta Ley deberán preservar, en todo momento y sin excepción, los derechos humanos y sus garantías, de conformidad con los protocolos emitidos por las autoridades correspondientes.

En los casos de perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, y cuya atención requiera la suspensión de derechos, se estará a lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política y leyes respectivas.

Las movilizaciones de protesta social o las que tengan un motivo político-electoral que se realicen pacíficamente de conformidad con la Constitución Política, bajo ninguna circunstancia serán consideradas como amenazas a la seguridad interior, ni podrán ser materia de Declaratoria de protección a la seguridad interior.

A partir de la expedición de la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, las labores que realicen las autoridades federales para su atención y cumplimiento, se considerarán como Acciones de Seguridad Interior.

En ningún caso, estas últimas acciones que lleven a cabo las autoridades federales, tendrán por objeto sustituir a las autoridades de otros órdenes de gobierno en el cumplimiento de sus competencias o eximirá dichas autoridades de sus responsabilidades, y tampoco, las que realicen las Fuerzas Armadas se considerarán o tendrán la condición de seguridad pública.

Las Fuerzas Armadas, sin perjuicio de las misiones que tienen asignadas en la Constitución Política y en sus Leyes Orgánicas, sólo intervendrán mediante la emisión de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, cuando las capacidades de las Fuerzas Federales resulten insuficientes para reducir o contener la amenaza de que se trate.

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