La Constitución no debe ser usada como pretexto para olvidar los derechos: SCJN

  • Tolerar la corrupción es ir en contra de la naturaleza de la impartición de justicia; es propiciar la destrucción de todo el sistema judicial: Magistrado Luis María Aguilar.

David M. Arias

El Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Luis María Aguilar Morales, advirtió que la Constitución bajo ningún concepto puede ser usada como pretexto para olvidar el respeto de los derechos que el propio constituyente ha reconocido en el Nuevo Sistema de Justicia Penal tanto a favor de quien se le imputa un delito como a quien lo sufre, es decir la víctima.
Al rendir su Tercer Informe Anual de Labores ante los Plenos de la SCJN, del CJF y del Tribunal Electoral, manifestó que “no es tarea ni responsabilidad del Poder Judicial de la Federación mejorar las condiciones de seguridad del país”.
Ante el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y los presidentes de las Mesas Directivas de las Cámaras de Senadores y Diputados, Ernesto Cordero Arroyo y Jorge Carlos Ramírez Marín, respectivamente, el Ministro Presidente destacó el hecho de que el Poder Judicial de la Federación ha cumplido cabalmente con lo que le toca para lograr la consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP).
En la consolidación del NSJP, dijo, “nosotros los juzgadores cumplimos juzgando frente a la sociedad, conforme a los derechos reconocidos por la Constitución y esa labor no la vamos ni la podemos abandonar por cualquier crítica”.
Por lo que toca al Poder Judicial de la Federación, el Ministro Presidente Luis María Aguilar Morales dio a conocer que el NSJP opera cotidianamente con 146 juezas y jueces especializados, adscritos a los 38 Centros de Justicia Penal Federal en todo el país, incluyendo los que se designaron este año para desempeñar funciones de ejecución como cumplimiento a la norma.
En este periodo, agregó, entró en funciones el Centro Nacional de Justicia Especializado en Control de Técnicas de Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones, el Centro de Justicia con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México.
Además de que también se inauguraron los centros en Guanajuato, Puebla y Querétaro y, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, autorizó la creación de nuevos centros en Celaya, Ciudad Juárez, San Luis Potosí, Torreón, Zacatecas y Villahermosa.
El Ministro Presidente Luis María Aguilar Morales reportó que en el último año, el nuevo sistema conoció de 36 mil cinco asuntos, de los cuales 15 mil dos (41.7%) fueron causas penales que involucraron a 21 mil 818 personas imputadas.
La labor de los jueces y magistrados, dijo, no sólo en el NSJP sino en todas las materias es clave para la vida democrática del país, así como para la consolidación del Estado de Derecho.
De ahí que, aseguró, los impartidores de justicia más que nadie se deben desempeñar con integridad y se debe castigar toda conducta que sea contraria a los valores a los que deben sujetarse.
Al respecto el Ministro Presidente informó que durante el periodo que se reporta, se ordenó la realización de 290 procedimientos de investigación debido a quejas y denuncias, que acumuladas a las 94 existentes, se suma un total de 384. Como resultado de lo anterior, se sancionó a 407 servidores públicos y en el Registro de Servidores Públicos Sancionados se inscribieron 341 sanciones, incluidas las aplicadas por otros órganos disciplinarios del Poder Judicial de la Federación.
En materia de disciplina, abundó, debe mencionarse que, con motivo de las quejas, denuncias o procedimientos disciplinarios iniciados de oficio, en este año, la Comisión de Disciplina y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previo el respeto al debido proceso legal, impusieron sanciones a 76 servidores públicos adscritos a diversos órganos jurisdiccionales, siendo 7 de ellos Magistrados de Circuito, 14 Jueces de Distrito, y 55 personal subalterno.
Explicó que las sanciones impuestas a los titulares van, desde apercibimientos privados, y amonestaciones, hasta suspensión en 7 casos, y un caso de destitución de un Juez de Distrito.
El Presidente de la SCJN dejó en claro que tolerar la corrupción es ir en contra de la naturaleza de la impartición de justicia; es propiciar la destrucción de todo el sistema judicial; es perder la credibilidad de nuestra institución que tiene como finalidad inalterable la defensa de los derechos y la protección de los gobernados frente a la arbitrariedad.
Pero por eso mismo también formuló su “condena más enérgica a aquellos funcionarios o empleados que sin ética alguna, sin respeto a los derechos humanos y con bajeza de humanidad, difunden y propalan determinaciones que sólo son meras suposiciones de responsabilidad que pudieran o no generar un procedimiento de responsabilidad por el que habría de juzgarse a algún servidor público”.
Para el presidente del Alto Tribunal esta “práctica no sólo debe desterrarse, sino, esa sí, sancionarse, cuando con ello se afectan los derechos fundamentales y se expone, de manera absolutamente injustificada a algún funcionario público al descrédito, sin haberse seguido un procedimiento en el que se respete el debido proceso legal”.
Los jueces, manifestó, obtenemos nuestra legitimación, no del voto público, sino de nuestra actuación recta cotidiana y diaria en la resolución de sentencias de manera independiente.
Por lo mismo, precisó, también “uno de los retos más importantes del Estado de Derecho y del Estado Democrático de Derecho, es el respeto y acatamiento de las sentencias que dictan todos y cada uno de los jueces de este país”.
Porque, agregó, “si no se cumplen las sentencias estamos hablando de una ficción que no tiene ningún valor para la convivencia pacífica de nuestro país, así una sentencia no tendría el valor ni del papel en que está escrita”.
Es por eso, indicó, que la Constitución obliga a la Suprema Corte a sancionar con gran rigor aquellos funcionarios que no cumplen las sentencias del Juicio de Amparo.
Es más, dijo, “la Constitución misma, ha previsto y aún en la última reforma, ha endurecido las sanciones para quienes no cumplen con las sentencias protectoras de los más altos ideales, los derechos de todos, los derechos humanos”.
Por lo mismo advirtió que “en cumplimiento de la norma constitucional, seguiremos aplicando, cuando proceda, la sanción de destitución y consignación penal de quienes no cumplen con las sentencias de amparo conforme dispone la fracción XVI del artículo 107 Constitucional”.
Porque, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en general el Poder Judicial de la Federación, dijo, trabaja para garantizar los derechos humanos a todos los habitantes de nuestro país.
“Con convicción y compromiso, las señoras ministras y los señores ministros, en su labor cotidiana y en sus resoluciones, incorporan la visión de los derechos fundamentales desde la perspectiva indígena, de la niñez, las mujeres, las personas mayores, la discapacidad, la orientación sexual y la identidad de género; tomando en cuenta, siempre, el papel que juegan las víctimas en los procedimientos judiciales a efecto de hacer posible su protección legal”.
El Ministro Presidente reiteró que la igualdad de género no es una moda pasajera, sino que es prioritaria para el Poder Judicial de la Federación.
Entre las acciones emprendidas durante el presente ejercicio, detalló, debe destacarse que se aprobó la elaboración de un manual de buenas prácticas para juzgar con perspectiva de género, con el que se busca establecer una base metodológica de inclusión de la perspectiva de género desde un enfoque de derechos humanos en la labor jurisdiccional.
Así, puntualizó, el Alto Tribunal ha reiterado que la obligación de las operadoras y de los operadores de justicia de juzgar con perspectiva de género puede resumirse en su deber de impartir justicia sobre la base del reconocimiento de la particular situación de desventaja en la cual históricamente se han encontrado las mujeres.
Es una cuestión de educación y de cultura, tenemos que cambiar esos nocivos paradigmas, resaltó el Ministro Presidente.
“En el Poder Judicial de la Federación hacemos eco al llamado de los organismos internacionales: la violencia de género contra mujeres y niñas, incluidas todas las formas de violencia sexual, acoso sexual y violación, es una pandemia mundial y una grave violación de los derechos humanos. Debemos asegurar que todos los casos de violencia contra la mujer sean efectivamente investigados y que los responsables sean enjuiciados sin impunidad”.
La impunidad es la que favorece la continuación y aumento de los delitos, prácticamente la alienta pues si no pasa nada, pues se sigue haciendo, así de fácil, añadió.
Expuso que el Alto Tribunal se ha dado a la tarea de hacer una profunda labor en la difusión de las resoluciones y criterios con la finalidad de dar respuesta a la sociedad de un trabajo equitativo e igualitario, basado en la dignidad humana y que permita construir respuestas adecuadas a través del trabajo judicial, atendiendo a la complejidad social, política y cultural de nuestro país.
Resaltó que se han mejorado y ampliado los espacios de comunicación para contar con toda una gama de posibilidades multimedia que ahora nos permiten tener presencia propia en todo el país, lo mismo a través de las redes sociales, que por radio, televisión y prensa escrita.
En su mensaje final, el Ministro Presidente apuntó que en los albores del seguramente complicado proceso electoral del año próximo, “debe reafirmarse que una de las misiones más delicadas que tiene el Estado es garantizar la seguridad jurídica. Si así lo hacemos autoridades y ciudadanos la cosecha de esa labor será invaluable, y lo será porque la seguridad jurídica genera certeza en todos, permite la convivencia, y mejor aún permite la paz”.

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