Proponen bajar precio de la tortilla a través de convenios entre industriales y productores

  • El precio no solo podría ubicarse en 10 pesos por kilogramo, sino que es factible que llegue hasta los 6 pesos

David M. Arias

Con el fin de evitar el intermediarismo y disminuir el precio del kilogramo de tortilla, de 14 a 10 pesos, la Confederación Nacional de Productores de Maíz de México propuso a los industriales de la masa y la tortilla la firma acuerdos directos de compra-venta con los productores de maíz blanco.

En conferencia de prensa, Juan Pablo Rojas Pérez, dirigente de los maiceros, precisó que es urgente disminuir las importaciones de maíz amarillo, que es para consumo animal, pues actualmente el país compra 14 millones de toneladas por los cuales paga más de 2 mil 600 millones de dólares al año, cifra que debería invertirse en infraestructura agrícola como caminos saca-cosechas, almacenes para el grano y para la ampliación de la superficie de siembra de este grano.

El representante de más de 207 mil productores maiceros detalló que si bien no se prevé otro aumento en el precio del kilogramo de tortilla, sí es indispensable trabajar por reducir el valor de este alimento, donde el productor primario no es el beneficiario en la utilidad que genera la venta del maíz blanco para su industrialización.

Expuso que Sonora y Guerrero son los únicos estados donde el kilogramo de tortilla está a 18 pesos.

Por ello, insistió en que entre productores e industriales de la masa y la tortilla deben alcanzar convenios, contratos de compra-venta directa del grano en lugar de adquirir el maíz a Cargill y Maseca, para que ambas partes salgan beneficiadas, así como el consumidor final.

Incluso, dijo que el precio no solo podría ubicar en 10 pesos el kilogramo sino que es factible llegar a hasta los 6 pesos el kilogramo de tortilla, lo cual sería muy positivo.

En materia del TLCAN, recordó que hasta 1994 las importaciones de maíz de EU no rebasaban las 200 mil toneladas y estas contaban con un arancel de 206.4%, en 2007 solo pagaban 18.2% y 0 a partir de 2008; antes del TLC crecía la población pero también había productividad y existían los programas que generaban producción, ya con el TLC, por los compromisos contraídos, se desincentivaron las inversiones productivas y sigue creciendo la población, lo cual ha generado un creciente proceso de importación.

Por las condiciones en la que existimos los productores “exigimos se tomen las medidas necesarias para proteger a los productores y se impongan cupos, cuotas y/o aranceles con la finalidad de que la producción nacional sea consumida preferentemente antes que permitir la entrada de la producción extranjera, de esa manera se obliga y se interesa al productor mexicano a producir más y mejor”, puntualizó.

Del mismo modo que invitó a los industriales de la masa y la tortilla a llegar a acuerdos en beneficio de la cadena alimentaria en cuestión, Juan Pablo Rojas Pérez, convocó a los precandidatos presidenciales del PRI, PAN-PRD y MORENA a escuchar las propuestas de reforma al campo que tienen las organizaciones sociales y mostrar las alternativas políticas que los aún precandidatos tienen en materia rural.

Lamentó que Andrés Manuel López Obrador es capaz de resucitar al diablo con tal de lograr su objetivo, haciendo propuestas con base en el enojo de la población, para el caso del sector y del maíz, prometiendo precios de garantía cuando bien sabe que los precios no los pone o impone un gobierno, sino la oferta y demanda.

Sostuvo que la CNPAMM se manifiesta en contra de la forma con la que prometen generar empleo, ingresos y bienestar social, productivo y más cuando bien saben que las condiciones internacionales no permitirán hacerlo y olvidan que con promesas ya no se ganan votos.

Comentó que tampoco Ricardo Anaya, desde su frente político-electoral ha mostrado propuesta alguna a favor del campo mexicano y el único que se ve con intenciones de atender al sector es José Antonio Meade.

Expuso que Meade tiene 5 puntos sobre el sector primario y ha tomado en cuenta la propuesta de la Confederación para impulsar la Reforma para el Campo del legar al poder, así como garantizar una política agrícola integral con subsidio pero también con incentivos basados en crédito y programas de Extensionismo Rural.

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