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Información Capital

  • La crisis de los gobiernos estatales por un sistema corrupto, genera mega fraudes

  • Tres exgobernadores ahora son el ejemplo de la corrupción que hay en México

Mario García Sordo
garciasordo@yahoo.com

 
Los gobiernos estatales que conforman la República viven, al igual que toda la estructura gubernamental, la crisis de un sistema corrupto, sin controles ciudadanos y sin transparencia en el gasto de sus presupuestos, lo que origina verdaderos señores feudales, llamados gobernadores, que inventan cada uno, a su manera, la forma de enriquecerse ilícitamente.

Salvo casos excepcionales los gobernadores son llevados a prisión, principalmente porque cuando existe un cambio político extraordinario en alguna entidad, que por decisión del electorado cambian al partido que los gobernaba y buscan una salida con otra opción política.

Entonces el gobierno emergente de nuevo perfil político llega y descubre cómo se enriquecía el gobernador anterior, porque es tal el nivel de saqueo de las arcas públicas, que una somera investigación puede poner a flote algunas de los mecanismos, nada originales, de cómo se roban los recursos públicos.

Hay otros casos en los que pese al cambio político no se logra detectar irregularidades, pero ello no quiere decir que el gobernador saliente sea una blanca paloma, sino que se allegó de los funcionarios eficientes que taparon a tiempo todos los huecos e irregularidades de su ejercicio, para lo cual los contralores que cada entidad federativa tiene, tiene la noble encomienda de detectar cualquier falla y corregirla sin que nada se sepa, para que tengan los gobernadores dulces sueños luego de dejar su cargo.

En menos de año y medio del actual sexenio, tres ex gobernadores han sido detenidos por acusaciones federales y estatales, que van desde el mal manejo de recursos públicos y el fraude fiscal hasta posibles vínculos con el crimen organizado. A esto se suma un ex mandatario que se encuentra prófugo y otros más bajo investigación.

En el caso de la detención del ex gobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo, en junio de 2013, quien voluntariamente se entregó a la Procuraduría General de la República (PGR), nos enteramos que había una averiguación previa por irregularidades durante su gestión.

La detención de Granier ocurrió en medio de fuertes cuestionamientos sobre su gestión que, incluso, lo llevaron a abandonar el estado dos días antes de concluir oficialmente su administración, en diciembre de 2012, y que sumieron al sistema de salud estatal en una crisis por la falta de recursos en hospitales.

Incluso, el coordinador nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente, advirtió en su momento posibles irregularidades en los millonarios recursos que se dieron a Tabasco desde las inundaciones de 2008.

En julio de 2013, jueces federales concedieron las órdenes de aprehensión en contra de Granier por los delitos de lavado de dinero y defraudación fiscal. A esto se suma un proceso iniciado a nivel estatal por el desvío de 196 millones de pesos tan solo del sector salud de Tabasco.

Granier se encuentra actualmente cómodamente preso en la Torre Médica del penal capitalino de Tepepan, debido a padecimientos del corazón y a su gran influencia política que el régimen priísta lo cobija.

Otro caso de un exgobernador en apuros sucedió el pasado 5 de abril, cuando agentes federales detuvieron a Jesús Reyna, quien en 2013 fungió -durante un semestre- como gobernador interino de Michoacán y luego como secretario de Gobierno. El motivo fue una investigación de la SEIDO abierta en su contra por la presunta protección que habría dado al grupo criminal de Los Caballeros Templarios desde 2011.

La detención de Reyna se realizó minutos después de que concluyó su participación en un acto público y fuera citado en las oficinas del Palacio de Gobierno estatal, donde ya los esperaban los elementos de la Policía Federal Ministerial.

Un video revelado hace unos días evidenció la presencia de Reyna por lo menos en una reunión con Servando Gómez, La Tuta, líder de los Templarios. Incluso desde el proceso electoral tanto el Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática, denunciaron la abierta complicidad de los cárteles del narcotráfico en el financiamiento y abierto apoyo a la campaña del ahora gobernador Fausto Vallejo del Partido Revolucionario Institucional.

Un juez federal concedió una orden de arraigo en contra del ex gobernador de Michoacán por 40 días, de los cuales ya transcurrieron 30. La PGR prevé consignarlo por su vínculo con la delincuencia organizada. Tal parece que el cambio del enfoque en el combate al narcotráfico en Michoacán, que dio un giro inesperado con la insurgencia que representaban las autodefensas, hizo incomodos a políticos como Jesús Reyna ligados al entonces cártel preponderante en Michoacán.

Ahora se dirime el caso del ex gobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat, detenido por policías ministeriales cuando salía de una corrida de toros. El cargo fincado por la Procuraduría de Justicia del Estado fue el de peculado, por la compra-venta presuntamente ilegal de varios terrenos en una operación que ascendió a los 26 millones de pesos.

Femat, que gobernó en el sexenio 2004-2010, había evitado el año pasado su captura tras interponer un amparo y pagar una fianza por cargos de enriquecimiento ilícito, derivado de la compra, al parecer simulada, de un tomógrafo por un valor de 13 millones 500 mil pesos.

También la PGR tiene abierta una averiguación contra Reynoso, preso en el centro de Readaptación Social de Aguascalientes, por posible manejo ilegal de recursos a través del patronato que operaba el club de futbol Necaxa.

Durante su declaración preparatoria en el Cereso, el ex gobernador Reynoso se reservó su derecho a declarar, al tiempo que cuestionó el tinte político del proceso en su contra, la velocidad del juez de la causa para emitir la orden de aprehensión en su contra y la presencia de los medios de comunicación en la diligencia, hecho que pidió se asentara en el expediente.

Reynoso Femat es acusado de peculado por la fiscalía del estado de Aguascalientes en la causa penal 116/2014, originada por la compra-venta de terrenos en agravio del Instituto de Vivienda del estado, y por la que se habría ocasionado un presunto quebranto patrimonial al gobierno cercano a los 27 millones de pesos. El delito es considerado como no grave, por lo que admite el beneficio de libertad bajo caución.

El encarcelamiento de Reynoso ha causado opiniones divididas en los círculos políticos de la entidad. Diputados y actores políticos del PRI han dado su respaldo a la acción, mientras que en el PAN —partido que en 2010 pidió sin éxito la expulsión de sus filas por considerar que apoyó la causa del PRI en las elecciones locales— la reacción ha sido mesurada.

No es el único caso en que los exgobernadores forman parte de escándalos. En la mira de autoridades federales y estatales siguen varios ex mandatarios. Por ejemplo, el ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, quien es investigado por la mega deuda que durante su gestión adquirió, aunque hasta ahora sólo se ha procedido contra funcionarios de menor rango.

El ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, cuenta con una orden de aprehensión vigente por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada. También tiene un proceso abierto en Estados Unidos. Hasta ahora no ha sido capturado y su situación oficial es de prófugo. Eugenio Hernández, ex mandatario del mismo estado, también ha sido vinculado en indagatorias federales.

En estos casos se presume la defensa soterrada y silenciosa del sistema priísta que prefiere el desprestigio a que sean detenidos sus correligionarios, ahora en desgracia, pero a los que se deben apoyos que permitieron que el PRI recuperara Los Pinos en las pasadas elecciones.

Por si fuera poco Ismael Hernández Deras, ex gobernador de Durango, y Ney González Sánchez, de Nayarit, también están vinculados con averiguaciones en sus estados por irregularidades en el gasto de recursos estatales, sin que se haya procedido en contra de ninguno hasta ahora.

Seguramente nunca sabremos el monto de lo defraudado por los gobernadores en México, porque existe un sistema político sumamente atrasado, donde a los ciudadanos se les escatiman cualquier dato sobre el ejercicio gubernamental y donde todos los ejecutivos locales se han propuesto como principal objetivo escalar a una élite adinerada y protegida por las redes políticas, complicidades, carentes de principios y vocación de servicio.


 
 

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