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Información Capital

  • México cambia hacia un política de diálogo abierto y directo

  • Pasamos del autoritarismo represor a la tolerancia social

Mario García Sordo
garciasordo@yahoo.com

 
Del 2 de octubre de 1968 al 3 de octubre de 2014 pasaron 46 años para que el Gobierno de México cambiara sustancialmente, pues ante la masacre de estudiantes en Tlatelolco del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, ahora presenciamos como mediante el diálogo y la negociación, es posible solucionar un problema estudiantil de dimensión nacional, como el protagonizado por los alumnos del Instituto Politécnico Nacional.

A diferencia de un secretario de Gobernación como Luis Echeverría Álvarez, que ordenó al ejército y al Batallón Olimpia reprimir a sangre y fuego al movimiento estudiantil del 68, ahora Miguel Osorio Chong, como titular de la misma secretaría, prefirió el diálogo público y directo con los jóvenes, antes que usar la fuerza bruta.

La masacre de hace más de cuatro décadas y un lustro ha dejado importantes lecciones para la vida nacional. El martirio de los asesinados en la Plaza de las Tres Culturas, ha sido un antecedente ominoso contra aquellos que prefieren el uso de la tropa en contra de los movimientos sociales, al grado que ahora es poco probable que se pretenda “solucionar” estos conflictos por medio de la violencia que el estado puede ejercer, aunque ello deslegitime su poder.

La lección de política de alto nivel de Osorio Chong, que se televisó en varios canales nacionales, que atestiguaron los estudiantes politécnicos, protagonistas de un movimiento estudiantil ejemplar cuyas demandas se centraban en defender a la institución educativa en contra de un proyecto que buscaba reducirla a capacitadora de técnicos mal preparados,  es una buena señal de que en Bucarelì las riendas de la política nacional está en buenas manos.

Y lo digo convencido de que en otras partes del país aún se vive como si estuviéramos en 1968. Una muestra de ello se vivió en Iguala, Guerrero, donde fueron asesinados seis personas, tres de ellas pertenecientes a la Normal Rural de Ayotzinapa, que ha protagonizado la lucha desesperada del normalismo en contra de la iniciativa gubernamental, que en educación pretende eliminar su contratación y las plazas necesarias que aseguren su incorporación al sistema educativo nacional.

Se vive en Iguala con la carencia de derechos elementales como si estuviéramos en un país se paralizó su reloj hace 46 años, porque se usan las armas de los policías municipales en contra de los estudiantes, quienes realizaban boteos para  recolectar recursos para continuar su lucha, pero fueron casados como si fueran delincuentes y por lo menos  de 43 estudiantes.

En Guerrero aparte de que se mata a los normalistas, también son asesinados dirigentes políticos como el secretario general del Partido Acción Nacional, Braulio Zaragoza Maganda, de 40 años, de varios disparos de arma de fuego en el Hotel el Mirador en Acapulco.

También se vive como en 1968 en Sonora en donde un gobernador como Guillermo Padrés Elías, quien aparte de construirse una presa particular, sin autorización de la Comisión Nacional del Agua y de otras autoridades federales, para abastecer a su rancho familiar del agua necesaria para sus plantaciones, mientras que es aprehendido el líder de la Tribu Yaqui, Mario Luna Romero, acusado de los delitos de secuestro y robo.

Alrededor de 74 organizaciones defensores de derechos humanos consideran que "desde hace meses hemos denunciado que las acusaciones imputadas a Mario son parte de una estrategia de criminalización contra la lucha de la Tribu Yaqui, ya que esto ocurre en el marco de la defensa de su agua, ante la construcción y operación del Acueducto Independencia" señalaron las organizaciones.

Pero en México es más fácil que una empresa como Grupo México entregue 2 mil millones de pesos por los daños ambientales  en los ríos Sonora y Bacanuchi,  para crear un Fideicomiso que subsane las afectaciones de lo que se considera el peor desastre  ecológico provocado por un empresa minera, sin que tenga que rendir cuentas ante la justicia.

El grado de impunidad es tal que ahora nos enteramos que el operador financiero del Cártel criminal de los Beltrán Leyva, el empresario queretano Goyeneche Ortega, no sólo es un distinguido militante del Partido Verde Ecologista, sino que además tiene amplías redes y conexiones con empresarios de Guanajuato y con los diputados panistas, dirigentes priístas en esa entidad, al grado que desarrolla jugosos negocios inmobiliarios en San Miguel Allende, en donde fue beneficiado con el desalojo de un predio que habitaban gente pobre y sin recursos.

Por eso resulta excepcional el actuar de Osorio Chong, que no sólo canceló una reunión de trabajo con el gobernador Padrés, que se comporta como si fuera un virrey en Sonora, sino que ya comenzó a operar la atención de las demandas de los normalistas de Ayotzinapa, cuyos representantes, angustiados por la falta de respuestas de las autoridades locales, acudieron a la Secretaría de Gobernación para pedir su intervención, para encontrar a sus compañeros desaparecidos.

Muestra de ello es que la Procuraduría General de la República ya atrajo el caso de los asesinatos y desapariciones de Iguala, mientras sigue prófugo el presidente municipal con licencia José Luis Abarca Velásquez, y su secretario de seguridad pública municipal., Felipe Flores Velásquez.

Por ello no sólo es importante que el titular de la política interna haya resuelto y prácticamente desactivado el conflicto estudiantil del Instituto Politécnico Nacional, sino que este tipo de política dialogante, abierta y en contacto con los movimientos sociales prosiga, para enderezar los yerros que diariamente se cometen en contra del pueblo, por sus malos gobernantes.

Que bueno que Yoloxóchitl Bustamente, directora del Instituto Politécnico Nacional (IPN) presentara su renuncia a la dirección del IPN, porque siempre fue una burócrata que al viejo estilo condujo a esta casa de estudios, sin aceptar la crítica y mucho menos las aportaciones de profesores, estudiantes y trabajadores, caracterizándose como una funcionaria autoritaria y sin consenso entre la comunidad politécnica.

Ojalá que su salida, junto con la de su secretario general, Fernando Arellano Calderón, haga posible que las diferencias y la polarización entre estudiantes y autoridades se diluya, para que no quede todo en la cancelación de los nuevos planes de estudio y del reglamento interno, sino que se logre la demanda de los politécnicos para que se democratice esa institución, que ha sido un baluarte y pieza principal para desarrollo tecnológico del país.


 
 

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