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  • Javier Duarte un ejemplo de la corrupción institucionalizada

 

Mario García Sordo
garciasordo@yahoo.com

 
El caso del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, quien pidió licencia “para limpiar su nombre” y después darse a la fuga, lo cual a los ojos de los escépticos fue un acto de complicidad de la Procuraduría General de la República, es un claro ejemplo de como la corrupción se ha institucionalizado en el sistema político mexicano.

Considerado por el propio presidente Enrique Peña Nieto al inicio de su sexenio como “un ejemplo” del nuevo Partido Revolucionario Institucional (PRI), Duarte no sólo se dedicó a controlar y concentrar todo el poder político de Veracruz, sino amasar una fortuna superior los 3 mil millones de pesos al contar con unos 25 inmuebles adquiridos a través de prestanombres.

El exgobernador es un claro ejemplo de una clase política impune que puede traficar influencias, crear empresas fantasmas, usar prestanombres, tener empresarios incondicionales debidamente coludidos, para saquear las arcas públicas y acabar con los recursos, patrimonio y bienestar de los mexicanos.

Donde existe tal concentración de poder como lo han disfrutado los gobernadores mexicanos, no es raro que la primera víctima de la democracia es la libertad de expresión y con Javier Duarte en su sexenio la cifra de periodistas asesinados en Veracruz llegó a 19 en el sexenio de Duarte. Sin embargo en ningún caso se logró detener y castigar a los culpables, lo que muestra como en el país todavía el periodismo es un oficio de alto riesgo.

La lista de imputados junto con Javier Duarte, al que la PGR considera el principal beneficiado del presunto desvío de recursos públicos, se encuentra Moisés Mansur Cysneiros, un empresario veracruzano que, según denuncias constituyó empresas fachada del giro inmobiliario para filtrar los recursos públicos en inversiones en ese ramo en Estados Unidos.

Para saber como la clase política hace negocios basta saber que Mansur tiene al menos tres inmuebles en la Ciudad de México, que según su testamento pasarían a ser propiedad de Javier Duarte si fallece. Se trata de los inmuebles ubicados en Prado Norte 135, en Lomas de Chapultepec; una oficina en Campos Elíseos 71 B, en Polanco, y un local en Plaza Centro, en Masaryk.

Po si fuera poco un video revelado por el noticiero “Despierta” evidenció a Mansur aceptando que pagaba la tarjeta de crédito de la esposa de Duarte, Karime Macías. Las autoridades además tienen datos de que dicho empresario le prestaba un vehículo con chofer incluido a Macías para sus traslados.

En el grupo de ocho imputados por la PGR figuran Juan José Janeiro Rodríguez y Rafael Gerardo Rosas Bocardo, quienes, siguiendo instrucciones de Mansur, habrían invertido el dinero en un rancho en Las Mesas, en una operación que involucró más de cinco millones de pesos, cuyo origen no está confirmado. El despacho del que era socio José Janeiro se deslindó públicamente de él y de las operaciones que fueron incluidas en la investigación de la PGR

La lista la completan cinco personas que habrían colaborado como accionistas, contadores o representantes legales para desviar recursos públicos e invertirlos mediante firmas fantasma. Se trata de Santa Bartolo Acuña, Miguel Velásquez Nieva, las hermanas Nadia Isabel y Elia Arzate Peralta y Javier Nava Soria.

En el caso de las hermanas Arzate Peralta no hay registro de que tengan actividad laboral alguna que justifique su supuesto perfil empresarial y de hecho, en el caso de Nadia Isabel, enfrentó una demanda de embargo de una propiedad en Naucalpan por deudas bancarias.

Este grupo, según las investigaciones de PGR, trabajó de forma conjunta para encubrir el origen e invertir al menos 500 millones de pesos que fueron desviados de partidas públicas. Pero este es un pequeño ejemplo de lo que se puede hacer en México desde el poder y habrá que imaginarse cuántas operaciones ilícitas se hicieron en seis años de gobierno del priísta ejemplar.

Aunque existe la posibilidad de que la persecución contra Duarte por parte del gobierno federal esté concertada, pues se estima que el apuro por realizar las indagatorias y las posibles consignaciones, tienen el propósito de que los autores y principalmente el exgobernador no pisen la cárcel, para que alcancen por medio de amparos y fianzas las libertad, aunque sea condicional, ya que el descrédito para el PRI sería tal que podría perjudicarlo en los próximos comicios de este año, en donde se juega gubernaturas como las del Estado de México.

Esa urgencia también tiene la certeza de que el próximo gobernador panista de Veracruz, Miguel Angel Yunes, está decidido a sepultar políticamente a su adversario Javier Duarte y consignarlo por el gran fraude orquestado por el grupo veracruzano que también puede salpicar al propio Peña Nieto, quien durante la campaña presidencial recibió no sólo el apoyo político sino económico de ahora exgobernador en desgracia

Según la PGR la mecánica que se presume se utilizó en el desvío de recursos era la siguiente: Durante varios meses, el gobierno de Veracruz desplazó el dinero público en contratos con al menos 35 empresas fantasma, entre ellas las reveladas en un extraordinario reportaje publicado por Animal Político.

Las operaciones contratadas eran simuladas, como indagatorias del SAT lo concluyeron, pero el dinero sí se “pagaba” para luego desviarlo a otras dos compañías que “lavaban” su origen en nuevas inversiones. Detrás de esas dos compañías están Duarte y el grupo acusado de lavado.

El dinero se habría utilizado finalmente para adquirir diversas propiedades, desde inmuebles en Estados Unidos, hasta ranchos o terrenos ejidales en México. En el caso de los terrenos, estos fueron vendidos con sobreprecio y los recursos excedentes se devolvieron a Javier Duarte.

Como es costumbre entre la clase política la familia es un instrumento de encubrimiento y complicidad en estas operaciones fraudulentas. María Virginia Yazmín Tubilla Letayf y Mónica Ghihan Macías Tubilla, suegra y cuñada del gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, son también prófugas de la justicia. Ambas, al igual que Duarte, tienen orden de aprehensión por el delito de delincuencia organizada y lavado de dinero, según autoridades federales.

La procuradora General de la República, Arely Gómez informó que fueron nueve las órdenes de aprehensión que obtuvieron de un juez por el caso Veracruz y según investigaciones de la PGR, María Virginia Yazmín Tubilla Letayf y Mónica Ghihan Macías Tubilla, madre y hermana de Karime Macías Tubilla, esposa de Javier Duarte, fueron usadas como prestanombres para adquirir lujosas propiedades en Estados Unidos con recursos de procedencia ilícita.

En junio pasado, El Financiero documentó que tanto la suegra como la cuñada aparecen como propietarias de inmuebles en el exclusivo Woodlands Country Club, en Houston, Texas. De acuerdo con los reportajes de Mario Carbonell y Georgina Morett, la propiedad que está a nombre de Mónica Macías, se ubica en el mismo lugar donde el gobernador con licencia reconoció que tiene acciones como miembro del exclusivo Country Club.

El inmueble está ubicado en el número 83, de Birch Canoe Dr. 7735, L 17, BLK 1, The Woodlands Creekside Park, West, sección 20, con el número de cuenta 134-429-001-0017, para el pago de impuestos en el Condado de Harris, Texas. El costo de las casas, de acuerdo con Matías Bulox, de la agencia de Bienes Raíces Tamborrel Properties, va de los 400 mil dólares a los 3.5 millones de dólares.

Mónica Macías también es dueña de tres departamentos de la Torre Pelícano, situada en Boulevard Manuel Ávila Camacho número 741, del Fraccionamiento Costa de Oro, en Boca del Río, Veracruz, cuyo valor promedio es de 5 millones de pesos que adquirió en 6 años. Todo bajo el mandato de Duarte.

La propiedad a nombre de María Virginia Tubilla Letayf está en South Arrow Canyon, número 163, del fraccionamiento The Woodlands, en Houston, Texas, cuyo valor es cercano al millón de dólares. Fue construida en 2008. El dueño original era Jean Paul Mansur Beltrán, un empresario de Veracruz, quien la vendió a la suegra de Duarte; el monto se desconoce.

Aunque la familia política de Duarte se ha deslindado de haber participado en una red de lavado, la PGR logró documentar en una “investigación seria y profunda” que existen los elementos suficientes para procesar penalmente a Duarte, su suegra, su cuñada, y seis personas más de quienes no se ha revelado su identidad.

La procuradora dijo que la investigación deriva de una denuncia presentada contra Duarte, aunque omitió decir si se trata de la querella interpuesta por el SAT o por el gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, quien acusó a Duarte de usar 40 prestanombres para adquirir propiedades con recursos del erario estatal, entre ellos, el concuño de Duarte, José Armando Rodríguez Ayache, empleado del Club Tiburones Rojos del Veracruz.

Detalló que Duarte contaría con 25 inmuebles adquiridos a través de prestanombres, con un valor superior a los 3 mil millones de pesos, entre ellos 13 más en Woodlands, adquiridas por el delegado de la secretaría de Economía de Veracruz, José Antonio Manzur Beltrán

El gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte, vendió en 10 dólares una propiedad ubicada en un club campestre en Arizona, Estados Unidos. De acuerdo con documentos dados a conocer, la casa fue cedida por Duarte a su esposa Karime Macías, para después venderla a su tío, Jorge Ramírez por dicha cantidad en un acuerdo firmado en Santa Fe, Nuevo México el 31 de octubre de 2007.

Ello muestra que el sistema de control anticorrupción del estado mexicano es un rotundo fracaso y sirve para todo lo contrario, pues los gobernadores como Duarte se enriquecen sin control y medida. Las contralorías son dependencias que en vez de evitar la corrupción, están hechas para encubrirla, evitar que se detecten los desvíos y evitar a toda costa que los funcionarios deshonestos pisen la cárcel. Así seguirá el saqueo de una nación que no merece ser víctima de estos pésimos políticos.


 
 

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