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CIUDADES, COLONIAS Y CALLES
 
 
 
 
 

Alianza PRI , PAN y PVEM pretende impedir manifestaciones

 
Por mayoría calificada, el PRI, PAN y PVEM aprobaron una reforma a los artículos 11 y 73 de la Constitución para que el gobierno federal, los gobiernos de los estados y los municipios expidan leyes en materia de movilidad universal que permitiría a la autoridad “impedir la libre manifestación en las calles”.

En mancuerna el PRI y el PAN desempolvaron la minuta que fue aprobada desde el pasado mes de abril en la Comisión de Puntos Constitucionales, y generaron en el Pleno cameral el rechazo y la crítica abierta de los partidos Movimiento Ciudadano, PT y PRD, quienes advirtieron que el texto que elaboró el panista Marcos Aguilar Vega criminalizará la protesta social, en momentos en que mayor cuidado debería tener la autoridad para garantizar la libre expresión y manifestación de los ciudadanos.

Los diputados que respaldaron el contenido de la iniciativa adicionaron el artículo 11 de la Constitución, al sostener que el Estado garantizará el derecho de toda persona a la movilidad universal atendiendo a los principios de igualdad, accesibilidad, disponibilidad y sustentabilidad. Y se remitieron al artículo 73 de la misma Constitución que tiene que ver con la restauración y preservación del equilibrio ecológico para otorgar facultades a los gobiernos federal, estatales y municipales de legislar en materia de movilidad universal.

Tal circunstancia propició la inconformidad en el Pleno cameral que a pesar de vivir un capítulo de inagotables argumentaciones en contra de la reforma, pasó a aprobar la modificación.

  • LA APROBACION

La Cámara de Diputados aprobó con 292 votos a favor, 100 en contra y una abstención, el dictamen que reforma y adiciona los artículos 11 y 73 de la Constitución Política en materia de derecho a la movilidad universal.

Previo a la discusión, el diputado Marcos Aguilar Vega (PAN), presidente de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, presentó una adenda para ser incorporada en el dictamen, la cual fue aprobada por el Pleno en votación económica.

En la fundamentación, destacó que la reforma reviste una gran importancia ya que pretende plasmar en nuestra Constitución el reconocimiento y la protección del derecho humano que tenemos todas las personas a la movilidad universal.

Este derecho, dijo, implica el reconocimiento que tiene cada individuo y sus bienes, a su adecuado desplazamiento de un lugar a otro.

Afirmó que la inmovilidad puede traer consecuencias serias para el desarrollo social, el crecimiento económico, la erosión de la convivencia social y efectos negativos sobre el medio ambiente por la emisión de gases contaminantes, entre otras.

En este sentido, agregó que el derecho a la movilidad universal no se contrapone con el ejercicio de otras garantías fundamentales, tales como el libre tránsito o el derecho de reunión o manifestación.

No se puede, dijo, sacrificar un derecho por encima de otro, por lo que la legislación deberá regular la actuación de la autoridad para permitir el ejercicio armónico de la movilidad, implementando planes y procedimientos operativos adecuados, para facilitar el ejercicio del derecho de reunión sin poner en riesgo el ejercicio del derecho a la movilidad universal.

“El derecho a la movilidad universal no es un asunto de vehículos, es un derecho que tiene el peatón. No podemos construir ciudades autopistas pensadas en la función del automóvil; no podemos deshumanizar el espacio urbano y hacer a un lado al ciudadano de a pie”, subrayó.

Mencionó que hoy tenemos la oportunidad de decidir qué tipo de país queremos, para carros o para ciudadanos. “Podemos decidirnos a recuperar la calidad de vida que haga posible rescatar las calles y espacios públicos como algo más que canales de transporte, haciendo de ellos lugares de convivencia que fortalezcan el tejido social”.

Por su parte, las diputadas Aleida Alavez Ruiz (PRD) y Zuleyma Huidobro González (MC) presentaron, por separado, una moción suspensiva bajo el argumento de que la actual situación que vive el país no es conveniente para discutir esta reforma en el Congreso.

Aleida Alavez mencionó que la adición y reforma al artículo 11 y 73 constitucionales vulneran el artículo 1o constitucional en materia de protección a garantías individuales y derechos humanos.

Para reformar el artículo 11, dijo, primero se deberán atender los requisitos que restrinjan los derechos fundamentales, en atención a la jurisprudencia de la décima época. Abundó que esta reforma permitirá al Estado controlar, en una ley general, el derecho a la movilidad, es decir, “a las manifestaciones a su libre arbitrio, los lugares o espacios a los que podrá llegar este tipo de movimientos”.

En el caso del artículo 73, opinó, permitiría al Congreso de la Unión a tener facultades para expedir una ley que permita el control de las marchas y por ende el libre tránsito.

“No es el momento político para aprobar este dictamen, no abonemos más a la crispación social. México enfrenta una crisis de Estado, seamos responsables y cerremos el paso a la tentación de reprimir las manifestaciones sociales pacíficas, que en estos días se registran en las calles”, concluyó.
 
  • INHIBIR DERECHO A LA MANIFESTACION

Al fijar el posicionamiento de su grupo parlamentario, el diputado Ricardo Cantú Garza (PT) advirtió que bajo el pretexto de garantizar la libre movilidad de los ciudadanos, esta reforma y las leyes secundarias que de ella derivarían, podrían ser utilizadas para inhibir el derecho de la libre manifestación de los ciudadanos.

“Quienes nos hemos formado en la lucha social a lo largo de muchos años, sabemos que en ocasiones las manifestaciones generan afectaciones a otros mexicanos, pero de no ejercer nuestros derechos constitucionales, los actos reclamados podrían quedar opacados y en la impunidad”, consideró.

Citó el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, en el que “si millones de mexicanos a lo largo y ancho del país no se hubieran movilizado exigiendo la presentación con vida de estos jóvenes, tal vez las autoridades permanecerían sin hacer nada”.

Ricardo Mejía Berdeja (MC) señaló que esta ley, “en apariencia progresista e innovadora” en la coyuntura político-social que vive el país, puede utilizarse “como una coartada para la represión. Como una coartada para frenar el legítimo derecho del pueblo a manifestarse en términos de la Constitución Política”.

Añadió que el dictamen es “políticamente inoportuno” por la situación del país, el cual vive “intensas movilizaciones sociales, de enojo frente a las violaciones a los derechos humanos, la inseguridad y la caótica situación económica”.

Opinó que si la preocupación es la movilidad urbana, nada impide que los congresos locales puedan apuntalar medidas para atender a grupos con necesidades especiales en materia de transporte, procurar la utilización ecológica del transporte público, se realicen campañas para desincentivar el uso del automóvil y se privilegie el transporte público.

Amalia García Medina (PRD) se manifestó en contra del dictamen, tras señalar que la propuesta fue presentada hace muchos meses e incluso discutida y votada en abril pasado, en un momento en el que el país era otro. México, dijo, “no es el mismo de hace un año. Hoy estamos en una situación extremadamente delicada”.

Señaló que la mayor preocupación de su grupo parlamentario gira en torno a la facultad que se otorgará al Congreso de la Unión para establecer las bases que hagan efectivo el derecho a la movilidad y en ese afán, coartar y limitar los derechos políticos de los ciudadanos, inscritos en la Constitución.

“En un ambiente como el que vive el país, es necesario privilegiar las libertades fundamentales de los mexicanos, garantizadas en los artículos 35, 9o, 8o, 11 y 1o, de la Constitución. Es por eso que nuestra votación es por que no se hagan las adiciones, ya que son sumamente peligrosas y riesgosas”.

Fernando Belaunzarán Méndez, Graciela Saldaña Fraire y Martha Beatriz Córdova Bernal, del PRD, y Lilia Aguilar Gil (PT), se manifestaron en contra del dictamen, al tiempo que reservaron los artículos 11, 73 y segundo transitorio para su discusión en lo particular, mismos que fueron aprobados en los términos del dictamen con 287 votos en pro, 82 en contra y una abstención.


 
 

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