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Urge el PRD a atender las 388 demandas de juicio político en la Cámara de Diputados

  • Demando a la Subcomisión de Examen Previo a sesionar y que las denuncias no “duerman el sueño de los justos”

David M. Arias

 
El Partido de la Revolución Democrática denunció la falta de trabajo en la Subcomisión de Examen Previo en la Cámara de Diputados, que luego de haberse instalado en abril de este año para que se diera respuesta a las 388 solicitudes ciudadanas de juicios políticos, no se ha avanzado debido a que la presidencia del órgano legislativo, a cargo del PRI, no ha sido llamada a sesionar.

En conferencia de prensa, el diputado federal Rafael Hernández Soriano dijo que dicha subcomisión “duermen el sueño de los justos desde la LIX Legislatura, es decir, desde hace 15 años”. Sospecha que el PRI no quiere atender estos asuntos políticos, ya que esa subcomisión tiene dos presidencias y ambas las ocupa el Revolucionario Institucional: el presidente de la Comisión de Justicia, el diputado Álvaro Ibarra, y la presidenta de la Comisión de Gobernación, la diputada Mercedes Guillén.

El también secretario de la Subcomisión de Examen Previo dijo que en la lista de las 388 solicitudes de juicios políticos se incluyen legisladores federales, legisladores locales, senadores, ex gobernadores, ministros de la Suprema Corte, ministros, de magistrados, de tribunales locales, funcionarios públicos del gabinete federal, de gabinetes locales, jueces, etcétera. Y que hay de todos los colores, no solamente de un partido: “Hay del PRI, hay panistas y hasta del PRD”

Mencionó que entre las solicitudes de juicio, que asegura han estado resguardadas en las oficinas de la Secretaría General, está Enrique Peña Nieto, Javier Duarte de Ochoa, Andrés Manuel López Obrador, Patricio José Patrón Labiada, Mario Marín Torres, Felipe Calderón  Hinojosa, Fidel Herrera Beltrán, Jesús Murillo Karam, Eruviel Ávila Villegas, Miguel Ángel Mancera Espinoza, Genaro Góngora Pimentel, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Arturo Núñez Jiménez, Gabino Cué Monteagudo, Javier Lozano Alarcón, Luis Videgaray Caso, Emilio González Márquez, Andrés Rafael Granier Melo, Luis Carlos Ugalde, Ney González Sánchez, Marco Antonio Adame Castillo, Guillermo Ortíz Mayagoitia, Emilio Álvarez Icaza, Marcelo Ebrard Casaubón, Francisco Ramírez Acuña, Seferino Torreblanca, Pablo Salazar Mendiguchía, Guillermo Galván Galván, Agustín Carstens, Juan Francisco Molinar Horcasitas, Leonardo Valdés Zurita, Leonel Castillo González, Julio Frenk Mora, Carlos Navarrete Ruiz, José Guadarrama Vázquez, Pablo Gómez Álvarez, Javier González Garza, entre otros.

Recordó que su partido, el Sol Azteca, siempre le ha dado celeridad a las solicitudes que han llegado a la Cámara, incluso con personajes que en algún momento pertenecieron o pertenecen al PRD. “Sospechamos que el PRI sí quiere encubrir a algunos, porque son la mayoría en esta Cámara, y por eso tienen una obligación mayor al respecto”, puntualizó.

Además, Hernández Soriano manifestó que se debe dar cumplimiento a la Ley Federal de Responsabilidades, que estipula plazos de entre seis meses y un año para atender estas denuncias. “Hay una opinión de algunos legisladores del PRI de que prescriben, porque la ley federal dice que los funcionarios públicos pueden ser enjuiciados solamente en el año posterior a que dejen el cargo. Lo que no prescribe es el derecho de la ciudadanía a saber la verdad jurídica”, manifestó y aseguró que su intención es incentivar a que los legisladores cumplan con su obligación legal.

Asimismo adelantó que en el próximo periodo ordinario, que está próximo a comenzar, presentará una reforma para simplificar el proceso de acceso a la justicia de los ciudadanos, que es muy engorroso y que se convierte en un arma del sistema para purgarse él mismo y es usado como arma de vendetta contra los opositores.

“¿A qué me refiero? Toda la modificación del Sistema Nacional Anticorrupción, ya está solicitando, por ejemplo, que la Cuenta Pública que se revisaba, hasta antes de la aprobación de estas leyes, anualmente, que la revisión ya se puede hacer casi en tiempo real; es decir, para qué pides que un funcionario, en el caso de un gobernador, como el que señalas, que pueda ser enjuiciado hasta un año después de que deja el encargo, puede ser ya, si hay indicios”.

Añadió que el propio Sistema Nacional Anticorrupción permitiría, por lo menos dentro de un año que se armonice toda la legislación, que algún funcionario fuera señalado por fallas administrativas o penales, por la Auditoría o por el Tribunal. Podría ser investigado y señalado por cualquier ciudadano también.

Finalmente dijo que hace falta voluntad y modificar las leyes, así que su propuesta será en el sentido de darle mayor celeridad a los juicios, de acortar los plazos y hacer un procedimiento expedito que no tarde meses o años; que no pueda encubrirse como se hace actualmente las solicitudes de juicios políticos, y que se agregue una característica más, que pudiera continuarse la investigación por los órganos facultados para ello, dependiendo la imputación que se haga.

“De tal forma que no sea necesario separar al funcionario del cargo, sino que una vez que las investigaciones que hiciera el órgano correspondiente se acreditaran o hubiera los elementos para acreditar alguna sanción administrativa o penal, que pudiera ser separado del cargo, sin necesidad de que pase por este procedimiento engorroso de la Cámara que obedece, más bien, a la conformación de la misma y a quienes hacen mayoría y somos rehenes, la justicia es rehén de la mayoría legislativa”.


 
 

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